La ciudad no gira alrededor del ayuntamiento

Gobernar no es decidir desde la institución, sino articular la acción conjunta del territorio

Durante mucho tiempo hemos planificado estratégicamente la ciudad desde un solo punto de vista: el ayuntamiento en el centro y, girando a su alrededor, todo lo demás: la iniciativa privada, las entidades del tercer sector, la iniciativa comunitaria. Desde esta perspectiva, el ayuntamiento definía los objetivos, con o sin participación ciudadana, e incorporaba para su desarrollo recursos públicos —principalmente municipales, pero también de otras esferas de gobierno—. Como resultado, las políticas públicas responsabilizaban solo al ayuntamiento: eran, y continúan siendo en gran medida, estrictamente municipales. El círculo se cerraba habitualmente en este punto.

Esta perspectiva ha limitado el alcance de las estrategias de ciudad y de las políticas desarrolladas bajo su marco, porque parte de una concepción estrecha de lo público que lo identifica casi exclusivamente con la administración local. Bajo esta lógica, todo aquello que no transita por la administración queda desplazado fuera del campo de lo público, aunque muchos actores privados, sociales o comunitarios estén prestando servicios, generando respuestas y afrontando problemas que nos afectan individual y colectivamente en la ciudad. El ayuntamiento es un actor clave porque tiene legitimidad democrática para organizar lo público, pero no lo agota.

Cambiar el centro de gravedad supone asumir que gobernar una ciudad es, ante todo, gestionar interdependencias. Ningún actor, tampoco el ayuntamiento, es autosuficiente para afrontar por sí solo un reto urbano. No controla individualmente todos los recursos, capacidades y decisiones de los que dependen la salud, la movilidad, la inclusión social o el desarrollo económico. Todos ellos se juegan en relaciones entre actores que se necesitan y se complementan. Eso es gobernanza: no un sustituto del gobierno municipal, sino el modo en que ese gobierno ejerce su legitimidad democrática articulando esas interdependencias en lugar de ignorarlas. La institución deja de ser el 'sol' alrededro del cual giran el resto de elementos de la galaxia, y la ciudad pasa a ocupar el centro. El ayuntamiento, lejos de perder centralidad, asume la función más exigente: la de articular la acción conjunta de la ciudad.

Cambiar el centro de gravedad no es, por tanto, una declaración de intenciones: exige un método. Supone que la política pública deje de entenderse como una acción unilateral del ayuntamiento sobre una población destinataria. Implica desplazarla hacia una lógica de coproducción, en la que los actores empresariales, sociales y comunitarios no son un mero contexto que la administración debe tener en cuenta, ni simples voces consultadas sobre lo que el ayuntamiento debería hacer, sino parte activa del modo en que se identifican los problemas, se construyen las respuestas y se ejecutan conjuntamente las soluciones.

Cuando esto ocurre, pasamos de hablar de políticas municipales a políticas propiamente de ciudad, porque los objetivos son compartidos con sus principales actores. Estas políticas incorporan coherentemente las necesidades de los actores más implicados y articulan —a través de objetivos, programas y proyectos— tanto los recursos municipales como los privados, ya sean mercantiles o no lucrativos, que proceden de los ámbitos de actuación que correspondan: inclusión social, educación, salud, turismo, seguridad, bienestar, movilidad, desarrollo económico. La financiación de los proyectos es de origen tanto público como mercantil, social y comunitario. Es una coproducción de políticas públicas, promovida por el ayuntamiento como institución democrática, con la responsabilidad de articular la acción conjunta de la ciudad.

La consecuencia directa de trabajar las políticas públicas bajo estos criterios es que permite desarrollar su doble dimensión: por un lado, como intervención orientada a afrontar problemas o necesidades colectivas; por otro, como generadora de capital social, al integrar como aliados a actores privados, mercantiles y no lucrativos en la respuesta a esos problemas. Activa redes de colaboración, fortalece los vínculos entre actores públicos y privados y mejora la capacidad organizativa y de acción entre quienes comparten intereses.

Dicho de otro modo: lo que en una política municipal es un gasto que se agota, en una política de ciudad es una inversión organizativa que permanece. Cada proyecto compartido deja, junto a su resultado, una infraestructura de relaciones disponible para el reto siguiente.